En pocos días, Guatemala tendrá lista su postura para la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), que se realizará en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre.
En esta se buscará un nuevo acuerdo mundial con el objetivo de frenar el calentamiento global, mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Conversamos sobre el tema con Jorge Lu, director de departamento jurídico del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), quien formará parte de la delegación guatemalteca, integrada por las instituciones que establece la Ley Marco de Cambio Climático, aprobada en 2013.
Lu explica que el país, con una alta diversidad biológica, puede ayudar a disminuir las emisiones de GEI al conservar su masa boscosa, pues “la deforestación podría ser causante de más del 60% de emisiones en el ámbito nacional”. También recuerda que “somos de los países en el mundo más vulnerables a los efectos del cambio climático, por nuestra ubicación geográfica, actividad agrícola y la dependencia directa de la seguridad alimentaria en la agricultura”.
Lu brinda un panorama de las negociaciones en la COP21, en especial las relacionadas con los bonos de carbono, a propósito de GuateCarbon, el proyecto bandera del país en la conferencia.
¿Cómo funciona la COP? ¿Desde cuándo es Guatemala un Estado parte?
La Conferencia de las Partes es el órgano máximo de decisión de los Estados que conforman la Convención de Cambio Climático. Se realiza cada año para tomar decisiones, revisar políticas y evaluar logros en cuanto al control del cambio climático.
La COP empezó en 1992, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. Guatemala participó y ese mismo año conformó la Convención de Cambio Climático; en 1995 la ratificó, y se convirtió en un Estado parte.
¿Qué ha hecho la COP frente al cambio climático?
Además de estabilizar la emisión de GEI, hace frente a los problemas que vienen con el cambio climático. La COP se basa en dos ejes principales: la adaptación y la mitigación. La primera conlleva fijar las emisiones de GEI para permitir a los ecosistemas que se recompongan naturalmente, pero también acciones de los Estados y de los pueblos para hacer posible el desarrollo sostenible: ordenamiento territorial y de zonas costeras, regulación de acceso a recursos biológicos e implementación de la agricultura responsable.
La mitigación es prevenir los efectos de la variabilidad climática y disminuirlos con acciones como reducción de deforestación y reforestación.
¿Entre estas se encuentran los bonos de carbono?
Los Certificados de Reducción de Emisiones son documentos que se generan después de haberse verificado una reducción o evitado una emisión de GEI a la atmósfera. Actualmente estos se pueden negociar, es decir, comprar y vender, en mercados regulados y voluntarios. En el voluntario la negociación es directa entre comprador y vendedor. En el regulado, existen estándares previamente establecidos por el comprador; por ejemplo, el Banco Mundial.
La Ley Marco de Cambio Climático regula, en el artículo 22, que el término no es bono de carbono, sino Certificado de Reducción o Remoción de GEI. Se puede definir como una Unidad Verificada de Carbono (VCU) que dejó de emitirse o que ha sido retenida como un stock de carbono en las reservas forestales. Es la unidad para determinar la remoción o la reducción de una tonelada métrica de carbono.
¿Se espera que la COP21 sea un parteaguas en la forma en que se negocian estos certificados?
Definitivamente. El propósito de la COP21 es establecer un acuerdo vinculante de los Estados para estabilizar sus emisiones, pero también para apoyar las acciones de otros Estados en mecanismos como el REDD+ (reducción de emisiones de la deforestación y la degradación forestal; el signo +, significa manejo sostenible, conservación de los bosques y apoyo a las comunidades). Lo que va a generar este acuerdo es certeza para quienes apoyen estos mecanismos, y en ese sentido atraerá más oferentes o compradores de VCU.
El pasado 21 de julio, el Conap aprobó el proyecto de reducción de emisiones de carbono derivadas de la deforestación (GuateCarbon) en la Reserva de la Biósfera Maya (RBM).
¿Qué papel juega este mecanismo REDD+ de cara a la COP21?
Este es el proyecto bandera de Guatemala. Es el primer REDD+ público en Centroamérica y está a punto de ser validado por dos estándares internacionales. Esto permitirá que Estados o entidades privadas apoyen a GuateCarbon por medio de la negociación de VCU. En términos nacionales es más que un mecanismo de financiamiento para la conservación de bosques: es la muestra de una alianza muy fuerte entre el Conap y las familias que integran las concesiones de la RBM, quienes hacen un manejo sostenible del área y son parte de la conservación.
¿Cuál es la postura del país para la COP21?
Aún no está definida, pero trabajamos en ella; es cuestión de algunos días. En resumen, estará estructurada en tres fases: la posición general, las acciones que se han implementado y qué se pretende hacer. También llevaremos proyectos bandera, como GuateCarbon; tenemos hasta octubre para enviar a la COP21 los planteamientos y compromisos de país, que entrarán en vigor si se logra firmar el acuerdo legalmente vinculante en París.
¿Es la RBM la única masa boscosa que puede optar al mecanismo REDD+?
Hay otras. Hay cinco líneas bases subnacionales: la RBM, el Caribe, Occidente, Centro y Oriente, y Costa Sur. En esas áreas podrían implementarse proyectos REDD+. En estos momentos, potencialmente se encuentra el Caribe, Lachuá y Proyecto Lacandón. También son viables proyectos REDD+ por estación y reforestación.
Fuente: www.s21.com.gt
10 de Agosto de 2015.